Ley 21.595 de delitos económicos: qué cambia para las empresas
La nueva ley amplía el catálogo de delitos que pueden atribuirse a una persona jurídica y refuerza la exigencia de contar con un modelo de prevención efectivo.
La Ley 21.595 sobre delitos económicos y atentados contra el medio ambiente reordenó de manera profunda la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Donde antes existía un catálogo acotado de delitos, hoy la exposición de una empresa es considerablemente más amplia y alcanza a un número mucho mayor de figuras penales.
El cambio no es solo de listado. La ley redefine cuándo un delito se entiende cometido en el marco de la actividad de la empresa y establece consecuencias que van desde multas calculadas sobre unidades tributarias hasta la supervisión judicial de la entidad y, en los casos más graves, su disolución.
Para las empresas, el punto central es el modelo de prevención de delitos. Deja de ser un documento de cumplimiento formal para transformarse en un sistema que debe estar efectivamente implementado, dotado de recursos y auditado. Un modelo que existe en papel pero no opera no cumple la función de eximente que la ley contempla.
Recomendamos revisar tres puntos concretos: el mapa de riesgos penales actualizado al nuevo catálogo, el funcionamiento real del canal de denuncias y la capacidad de la empresa de acreditar, con evidencia, que sus controles se aplican en el día a día.
